La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha emprendido una agenda política que pone en riesgo las instituciones democráticas y la estabilidad económica del país, mientras espanta a los inversionistas extranjeros y pone en jaque la relación estratégica de México con los Estados Unidos. La consolidación de poder y las prioridades fiscales equivocadas de su gobierno están llevando a México por un camino autoritario que recuerda tendencias preocupantes en América Latina. Si no se corrige el rumbo, estas políticas podrían debilitar el papel de México como socio regional para el crecimiento económico y como aliado confiable para la seguridad nacional de EE. UU.
Uno de los movimientos más alarmantes de Sheinbaum ha sido la erosión de la independencia judicial. Una enmienda constitucional aprobada bajo su predecesor—y respaldada por Sheinbaum—exige que todos los jueces sean elegidos por voto popular. Esto no solo expone al poder judicial a la manipulación política, sino que también socava su rol fundamental como árbitro neutral. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación contempló invalidar esta enmienda, Sheinbaum dejó claro que no acataría dicho fallo. La Corte, enfrentando presión política, cedió. Este precedente desmantela un control clave sobre el poder ejecutivo y permite que el partido Morena consolide un gobierno de partido único.
El desprecio de Sheinbaum por los frenos institucionales refleja tendencias autoritarias más amplias en la región. Su defensa pública de regímenes como la dictadura comunista de Cuba ilustra aún más su alineación ideológica. Por ejemplo, su reciente decisión de enviar 400,000 barriles de petróleo de Pemex a Cuba, con un valor estimado entre 26 y 30 millones de dólares, se justificó como “ayuda humanitaria”. En realidad, respalda a un régimen conocido por reprimir la disidencia y desviar recursos hacia su ejército y policía secreta. Estos fondos podrían haberse destinado a la infraestructura o al desarrollo económico de México, pero en cambio, sirven a una agenda ideológica que prioriza la solidaridad con regímenes antidemocráticos sobre los intereses del propio país.
Económicamente, estas políticas están causando estragos en la confianza de los inversionistas. Desde la elección de Sheinbaum, el peso mexicano ha caído drásticamente, pasando de 17 a más de 20 pesos por dólar. La devaluación refleja el escepticismo internacional sobre las prioridades fiscales de su gobierno y los riesgos crecientes de hacer negocios en México. Los inversionistas desconfían de una administración que socava el poder judicial, malgasta recursos estatales y parece más enfocada en la postura ideológica que en crear un entorno estable para el crecimiento.
Los problemas económicos de México se agravan por la hostilidad de su gobierno hacia la empresa privada y las asociaciones extranjeras. Las reformas energéticas impulsadas por Morena han favorecido a entidades estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, mientras marginan a los inversionistas privados y extranjeros en el sector energético. Esta postura proteccionista pone en riesgo las oportunidades de nearshoring, ya que las empresas que buscan relocalizar cadenas de suministro cerca de EE. UU. podrían pensarlo dos veces antes de ingresar a un mercado lleno de incertidumbre e intervención estatal. Para una economía que depende del comercio y la inversión extranjera directa, esto es una herida autoinfligida que perjudicará a los trabajadores y las familias mexicanas a largo plazo.
Para Estados Unidos, las políticas de Sheinbaum tienen implicaciones significativas. México es el mayor socio comercial de EE. UU., con un comercio bilateral que superó los 780 mil millones de dólares en 2022. Un México desestabilizado, sumido en la mala gestión económica y el deterioro de las normas democráticas, podría tensar esta relación crucial. Además, EE. UU. depende de México como socio en la gestión de desafíos regionales de seguridad, desde la migración hasta el crimen organizado. A medida que la administración de Sheinbaum debilita los controles institucionales y empodera a las redes criminales al no abordar la corrupción generalizada, los riesgos de un aumento de la violencia y la inseguridad que se derrame hacia Estados Unidos crecen exponencialmente.
Los primeros pasos de Claudia Sheinbaum pintan un panorama sombrío para el futuro de México. Su desmantelamiento de las salvaguardias democráticas y sus decisiones económicamente irresponsables están llevando al país hacia el autoritarismo y el estancamiento. Si México continúa en esta trayectoria, corre el riesgo de convertirse en otro ejemplo de la decadencia democrática en América Latina, una región que ya enfrenta las consecuencias de líderes que priorizan el poder sobre el progreso. Estados Unidos debe prestar mucha atención. La estabilidad de México no es solo un asunto mexicano; es integral para los intereses económicos y de seguridad de todo el hemisferio occidental. Sin una corrección significativa, las consecuencias resonarán mucho más allá de las fronteras de México.
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